Luis Juberías · Edgar Manjarín · Quim Cornelles · Ayoze Alfageme · Celestino Sánchez ·
El 19 de julio de 2012 muchos centenares de miles de personas salieron a la calle en 80 ciudades del Reino de España. Convocaban los dos sindicatos mayoritarios, pero también todo el resto del movimiento sindical (incluido el nacionalista), asociaciones profesionales de todo tipo, partidos, colectivos, asambleas de barrio y movimientos variopintos. Era impresionante ver a los policías como los manifestantes más activos y decididos. Según las encuestas, hasta un 80% de los ciudadanos, incluidos un 40% de los votantes del PP, simpatizaba con la convocatoria. Marcharon unidos contra un paquete de medidas aprobado por el gobierno del PP que incluía reducir el subsidio de desempleo, el aumento del IVA en los productos básicos y la eliminación de una paga extra a todos los funcionarios. Un tiempo atrás estas contrarreformas hubieran parecido imposibles, cierto, pero aún así sería iluso pensar que esta unión surgió de golpe.
¿Qué hay de la confluencia en las calles en la huelga general del 29 de marzo de 2012? Una huelga por primera vez coprotagonizada tanto por los sindicatos de trabajadores como por el movimiento ciudadano; con activistas y estudiantes jugando un papel clave en las acciones de bloqueo; con huelga de consumo; con acciones hacker, y una fuerte movilización en las redes sociales y en las calles. ¿Y en las movilizaciones por la sanidad, la educación y la universidad pública, por la defensa de derechos, contra los planes de destrucción del territorio? ¿Y en la marcha minera, impulsada por sindicalistas del sector de la minería? Son cada vez más los ámbitos de la vida social que se están politizando a medida que se ven acorralados por la crisis. De ese abrupto despertar en un lado y en otro surgen todo tipo de complicidades, sinergias, alianzas y gestos de solidaridad. No bastaría un análisis de unos pocos actores de la izquierda social para comprender la inclusividad de este proceso incesante de readaptación.
La ruptura del pacto de clases y la pérdida de legitimidad de las instituciones
Son tantos los cambios de escenario de un breve período a otro, que resulta difícil elegir, entre tantos, la situación que escenifique de forma más rematadamente diáfana la ruptura del pacto de posguerra, aquél que sigue a la derrota del nazi fascismo con una correlación de fuerzas favorable al movimiento obrero y con la amenaza del comunismo como alternativa. Lo que es indudable es que nos encontramos en el período de culminación del fracaso de las estrategias capitalistas que se pusieron en marcha, hace alrededor de tres décadas, para tratar de remontar la tasa de ganancia: remundialización de la economía, neoliberalismo (con sus privatizaciones y ofensivas antisindicales) y financiarización. Éstas dieron lugar al fortalecimiento de una oligarquía financiera y a la gran divergencia: los salarios reales se estancaron y la polarización de rentas aumentó sin parar. Ante la crisis del 2008, los últimos rescoldos de la autonomía de lo político, de la efectividad de la democracia limitada (y soberanía monetaria) que gozábamos en Europa occidental, se extinguen. La ruptura unilateral del pacto social por parte de los de arriba niega la base material (margen democrático para decidir políticas y garantía de derechos) y por tanto realidad, a la institucionalidad establecida. Reemerge el conflicto social en toda su crudeza.
En el Reino de España pueden señalarse al menos dos momentos especialmente significativos:
El 10 de mayo de 2010, el presidente Zapatero, que había afirmado que el Reino de España no estaba en crisis y que la banca española era la más robusta del mundo, que había coqueteado con políticas anticíclicas basadas en la inversión en infraestructuras, da un giro a su política y anuncia que para evitar una intervención de la Troika es necesario apretarse el cinturón. Dictamina una rebaja general de salarios a los funcionarios (un 5% de media) y anuncia una reforma que “flexibilice” el mercado laboral (abaratando el despido). Los sindicatos convocan huelga general el 29 de septiembre, que tiene un buen seguimiento y donde se experimenta con comités ciudadanos de apoyo en los barrios. No consiguen una rectificación del gobierno, pero consiguen sentarse a negociar y cerrar un acuerdo en la siguiente reforma: la elevación de la edad de jubilación a los 67 años. Es a principios de 2011. Vuelven a sentirse un actor institucional respetado en la concertación y se disponen a negociar la aplicación de las “dolorosas medidas” de la mejor manera posible en función de la correlación de fuerzas. Su argumentación pasaba por la necesidad de seguir la táctica del mal menor, pues, según ellos, los trabajadores y la ciudadanía no estaban dispuestos a movilizarse en grado suficiente para defender derechos, dado el miedo paralizante provocado por la crisis (análisis que se mostró completamente equivocado).
La segunda escena candidata a sentenciar y dar paso a la siguiente parte de todo este drama es la situación más reciente a la que nos referíamos al principio: El 20 de julio de 2012, el gobierno se compromete al Memorándum de Entendimiento, un documento firmado con los prestatarios de las ayudas (la Troika) para rescatar el sistema financiero español y que compromete al país a cumplir una serie de condicionalidades políticas que se centran en el recorte de derechos y la reducción del gasto público (entre las que se encuentran las que provocaron la respuesta del 19J). Este documento no es dado a conocer por el gobierno, se filtra a través de webs institucionales de otros países y tiene que ser traducido al castellano por plataformas ciudadanas. Días antes, mientras el presidente Rajoy presentaba en el Congreso el paquete de medidas que llevó a la convocatoria de la “movilización general” del 19J los diputados del PP aplaudían entusiasmados. Andrea Fabra, una diputada del PP, exclamaba ante el anuncio de la rebaja del subsidio de desempleo “Que se jodan”. Las redes sociales se incendiaban, las manifestaciones ante el Congreso y ante las sedes del PP (pero también del PSOE) se sucedían y #quesejodan se convertía en la consigna de quienes se oponían al paquete de medidas y al Memorándum.
Entre ambas escenas se ha hecho evidente la incapacidad, la corrupción y consecuente deslegitimación, de los actores (1) y del marco institucional surgido de la etapa de la Transición -remedo hispánico del estado social y democrático de derecho, expresión del pacto de clases tras la muerte de Franco. Se ha abierto, pues, un proceso de politización y movilización durante dos intensos años en los que gran parte del pueblo se ha lanzado a la calle y la izquierda organizada no ha podido seguir agarrándose a la táctica del mal menor. Un planteamiento de ruptura con un sistema institucional percibido como corrupto y caduco, una orientación a un cambio en el sentido de profundización democrática y a la garantía de derechos se convierte en el único posible (2).
La significación política del 15M
Repitámoslo una vez más: no sólo estamos asistiendo una descomposición de las instituciones, estamos asistiendo también a un proceso de movilización con el que poder establecer una negociación abierta sobre las reglas de juego. La movilización se reconfigura continuamente, pues se encuentra en el centro de un desarrollo de la redefinición de los consensos básicos y espacios sociopolíticos ante la erosión de las convenciones y la cultura política de la Transición.
En vísperas de las elecciones municipales, y tras varios meses sin que el descontento social encontrara cauce, llegó la manifestación del 15 de Mayo de 2011, convocada por las redes sociales (3), y tras ella la aparición del movimiento de las plazas (bautizado de los “indignados” por los medios de comunicación de masas), en que unas pocas decenas de personas acampadas fueron desalojadas de la Plaza del Sol de Madrid por la policía -hecho que fue el desencadenante de una masiva muestra de indignación popular hacia las políticas de recortes dictadas desde Bruselas y refrendadas por el gobierno español. “Democracia Real Ya, No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, el grito “Que no nos representan”, la crítica al bipartidismo (“PPSOE”) y a la injusta ley electoral, fueron –no por casualidad- las banderas del movimiento iniciado en mayo de 2011. La desobediencia civil frontal ante las instituciones pasó a convertirse en una actitud masiva. Basten unas pinceladas de la situación social en el Reino de España para entender el porqué de la movilización: un 25% de la población activa en situación de desempleo y uno de cada dos menores de 35 años (el resto inmerso en el trabajo precario), centenares desahucios diarios, aumento desorbitado de las tasas universitarias, recorte en los servicios públicos y conculcación de derechos, descubrimiento diario de escándalos de corrupción política y financiera...
Las interpretaciones al uso de lo sucedido suelen ser superficiales, cuando no condescendientes. Se tiende a identificar al movimiento sólo con las acampadas y con las asambleas, cuando no como un actor con el que interlocutar, con quien discutir, a quien aleccionar, a quien exigir. A nuestro entender, el 15M no es eso, ni tan siquiera el enjambre de grupos de activistas que darían continuidad a las movilizaciones de 2011, sino que lo entendemos como un impulso profundo de la sociedad, transversal, que recoge y da formas de expresión a las intuiciones básicas ante un salto cualitativo en el escenario sociopolítico. Por eso, es un devenir, una corriente de fondo que atraviesa todas las estructuras de la sociedad civil, incluidos los partidos y los sindicatos, que se han visto sometidos a intensos debates y cambios en su actuar. Expresa también una enmienda a la totalidad de todo tipo de tejemanejes tras los cuales se concentran los poderes económicos y políticos, así como la necesidad de construir colectivamente nuevas perspectivas para amplias capas de la sociedad, que han visto que lo impensable se volvía inevitable y que las viejas certezas se desvanecían en el aire.
Siguió una explosión de la movilización: el movimiento de las plazas y los centenares de acampadas, la proliferación de colectivos de activistas surgidos ex novo, la popularización del activismo en las redes sociales, la extensión de la PAH, la movilización internacional del 15 de octubre, una proliferación de las marchas por la salud, por la educación, de manifestaciones, de iniciativas diversas... Los índices de apoyo a la movilización estaban durante todo ese período en torno al 70% por lo bajo en los estudios demoscópicos. Fue y sigue siendo algo más que un síntoma. Supone además la apertura de prácticas de lucha social que descubren nuevas formas de organización y movilización de recursos materiales y culturales. La movilización de recursos a través de las redes sociales, el debate, la construcción colectiva de discurso y movilización a través de la proposición en twitter, la inundación de la red con virales, la desobediencia civil, la ocupación de espacios y vías públicas... son algunas de ellas.
Durante la huelga general del 29 de Marzo del 2012, convocada por todo el movimiento sindical, el objetivo anunciado de rechazar la reforma laboral y reaccionar frente al desmontaje de la negociación colectiva, fue la excusa para la expresión de un amplio rechazo político al rescate a los bancos, a los recortes y privatizaciones de los servicios públicos, sanidad y educación en particular. Coincidieron y se amalgamaron fuerzas diversas- no exentas de contradicción- y se empezó a perfilar, a partir de las mismas luchas que se han ido consolidando y mostrando como referencias, un programa de alternativas, que empezó a concretarse durante las jornadas del 12M15M.
Hacia la construcción de las condiciones de posibilidad de una ruptura democrática
Vislumbramos en los próximos meses tres dinámicas que deberían de retroalimentarse para cimentar las condiciones de posibilidad de una ruptura democrática: 1- La continuidad de la experimentación, la confrontación, la construcción de propuesta alternativa y la coordinación de las diferentes experiencias y expresiones de movilización (4), 2- la movilización sostenida impulsada por el movimiento sindical en confluencia con todo tipo de organizaciones e iniciativas, que ganará en masividad e intensidad, culminando con toda probabilidad en al menos una huelga general (5) 3- la apertura de un proceso de construcción de un movimiento político que dé expresión y perspectiva política al nuevo espacio político emergente orientado al cambio institucional y la garantía de derechos (6).
A modo de conclusión, pensamos que las nociones de proceso abierto y de construcción en función del hacer, de la praxis, son claves para entender la política en este período de inestabilidad caracterizado por la centralidad política de una movilización de las mayorías caracterizada por tres aspectos: orientación al cambio institucional, crisis de la táctica del mal menor y desarrollo de un clima de redefinición de los consensos básicos y espacios sociopolíticos. (7)
Notas
(1) Los partidos de la izquierda y los sindicatos, en tanto que autoconcebidos y organizados en función de la representación de intereses o ideologías, son percibidos como piezas de ese sistema institucional en crisis y, por tanto, rechazados. Sólo desde la inmersión y el reacomodo a las lógicas de fondo de la movilización social en curso, lo que implica necesariamente un repensarse a fondo, pueden legitimarse y jugar un papel en el presente y futuro.
(2) Para ilustrar esta orientación de la movilización social al cambio institucional, veamos la favorable acogida social que tuvo el gesto de los grupos de izquierda de abandonar el Congreso y ausentarse de la votación del paquete de recortes presentado por el gobierno el 19 de julio de 2012, rechazando ser cómplices y escenificando la ruptura institucional. Comparémosla con el rechazo a la opción de la izquierda en Catalunya de participar el 15 de junio del año pasado en la votación de los presupuestos de 2011 y defender la legitimidad del Parlamento (con recortes sustanciales en los servicios públicos, en especial los de salud y educación) ante el llamamiento del movimiento de las plazas a rodear y bloquear el Parlamento, a impedir que los diputados pudieran acudir para votar los presupuestos. (3) Durante todo ese tiempo, una serie de iniciativas, de grupos de activistas, habían ido cogiendo empuje. Ahí podemos destacar a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca impidiendo desahucios, exigiendo la dación en pago de los créditos hipotecarios y defendiendo el derecho a la vivienda. También hemos de mencionar el activismo en internet del movimiento por la neutralidad de red. Ubiquemos también ahí las voces clarividentes e ignoradas de la izquierda política, social y sindical, así como la organización de la campaña de convocatoria del 15M a través de las redes sociales. A partir de abril la movilización contra los recortes en los servicios públicos, especialmente en sanidad, protagonizados por el recién estrenado gobierno de Catalunya, se desbordaba. Los trabajadores de los centros sanitarios dirigidos por sus comités de empresa protagonizaban cortes de carretera. Varios miles de sanitarios se echaban a la calle convocados por las redes sociales. La segunda semana de mayo la agitación social se podía palpar en el ambiente: multiplicación de iniciativas, protestas... El 14 de mayo, una masiva manifestación recorría las calles de Barcelona convocada por toda la izquierda política, social y sindical contra los recortes.
(4) En este sentido, la construcción y el desarrollo de un Plan de Rescate Ciudadano que sintetice los principales objetivos expresados en la movilización es un paso fundamental en la maduración y eficacia del proceso de movilización, la construcción de consensos básicos y la consolidación de un nuevo espacio.
(5) Tendríamos que recordar que los sindicatos, no obstante y hasta el día de hoy, se siguen sintiendo ante todo un actor institucional obligado a la responsabilidad y a la concertación. Ante un hipotético llamamiento - anhelado por una parte de la dirección del PSOE- a la unidad nacional expresado en un gobierno de unidad y una reedición de los "pactos de la Moncloa", es posible que las direcciones sindicales tengan la tentación de aceptar "la rectificación" y de participar. Si esto fuera así, su deslegitimación sería muy fuerte socialmente y entre las bases sindicales. No deberían olvidar que la liquidación de los sindicatos y su capacidad negociadora es parte esencial del programa oligárquico de salida de la crisis.
(6) Se hace imprescindible abrir una perspectiva política a nivel de Catalunya, a nivel estatal y a nivel europeo ante el hundimiento del bipartidismo (40% de intención de voto para PSOE y PP juntos en las últimas encuestas demoscópicas, siendo el PSOE el que más se hunde). La alternativa sería la dejación de un espacio político para su ocupación por la extrema derecha.
Para que sea posible una salida europea, construir otra Europa, es imprescindible abrir un proceso de movilización de masas a nivel europeo. Ante las dificultades para que pueda haber una respuesta coordinada del movimiento obrero, o paralelamente si se avanza en este sentido, es necesario establecer una iniciativa que permita construir alianzas y práctica política. Desde sectores de activistas se está proponiendo, con buena acogida, la celebración de una consulta social sobre la deuda a nivel europeo.
(7) Este artículo será publicado en alemán en la revista de la Fundación Rosa Luxemburg.
Luis Juberías, Edgar Manjarín, Quim Cornelles, Ayoze Alfageme y Celestino Sánchez son activistas sociales.
Publicado el 29/07/2012 en la revista electrónica Sin Permiso
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5173
